¿Te imaginas no poder hacer un bizum, reservar un alojamiento o comprar un billete de avión? Yo tampoco, pero es fácil si lo intentas (como decía la canción). Solo tienes que ponerte en la piel de uno de los 1.300 millones de personas con discapacidad grave que hay en el mundo. Esta cifra supone el 16% de la población mundial o lo que es igual, 1 de cada 6 personas.

Según el último informe de la consultora especializada en accesibilidad WebAIM, más del 96% de las top 1 million sites presentan problemas de accesibilidad.

Estamos hablando de Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, Wikipedia, Google Play, Google Drive, WordPress, Pinterest, Apple, The New York Times, The Guardian, Harvard, Shopify, Eventbrite…, nos hacemos una idea, ¿verdad? Todas ellas presentan problemas graves o muy graves para que personas con algún grado de discapacidad puedan acceder a sus contenidos y servicios.

Si hacemos foco en la Unión Europea, las cifras impresionan aún más. Cerca de un 20% de la población europea tiene algún tipo de discapacidad física o mental.

Alrededor de 135 millones de personas no pueden hacer uso de una gran cantidad de servicios digitales básicos debido a que estos servicios no son ”usables” para ellos, y no hablamos de adaptaciones especiales, sino de cumplir las normas básicas de accesibilidad.

Desde 2008, las empresas privadas de más de 100 trabajadores con una facturación de más de 6 millones de euros al año y que se consideren de sectores con especial trascendencia económica, como bancos, empresas de transporte de viajeros o suministradores de servicios de consumo (energía y agua), están obligadas a que sus portales sean accesibles.

La realidad es que son pocas las que lo cumplen a día de hoy, y las consecuencias no van más allá de pequeñas multas o algo de mala prensa, ambas ciertamente irrelevantes.

Pero la cosa promete cambiar.

Recientemente, la Unión Europea ha aprobado el Acta Europea de Accesibilidad (EAA), una normativa que entrará en funcionamiento en el año 2025 y que obliga a que las empresas hagan más accesibles sus entornos, productos y servicios.

Esto incluye todo tipo de productos digitales como sistemas operativos, smartphones o cajeros automáticos, así como servicios de telefonía, bancarios, ecommerce, webs o e-books.

Se verán afectadas (este es un término peyorativo para algo que será un beneficio para todos) implicadas todas las empresas con al menos 10 empleados o un balance anual de más de 2 millones de euros que ofrezcan estos productos o servicios, que deberán asegurarse de cumplir con las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) en el nivel AA, muy probablemente en su versión actual, la 2.2. No vamos a entrar en este post en las implicaciones que esto supone, eso lo haremos en futuras entradas.

Esta ley entrará en vigor el 28 de junio de 2025, y será de obligado cumplimiento para todos los servicios nuevos que se creen a partir de esta fecha. Sin embargo, no será obligatorio para los servicios ya existentes, que tendrán hasta 2030 para cumplir con la nueva normativa.

Las sanciones para quien incumpla lo impuesto en esta ley también sufren cambios. Irán desde los 301€ hasta 1 millón, también pueden llegar a suponer la prohibición de acceder a ayudas oficiales durante uno o dos años, incluso la inhabilitación permanente para este tipo de ayudas en los casos más extremos.

Lo cierto es que se antoja complicada la tarea de establecer mecanismos de vigilancia efectivos que persigan a los infractores, y las sanciones, llegado el caso, tampoco parecen gran cosa para empresas que facturan millones. Pinta que aún nos quedan años para alcanzar un estado de accesibilidad digital extendida y normalizada.

Quizá la clave para una adopción amplia, que sea capaz de acercar los servicios digitales esenciales a todas las personas de a pie por igual, estará en la presión que seamos capaces de infligir la sociedad sobre las compañías.

Otro factor determinante será la rentabilidad económica que estas compañías le supongan a la masa de usuarios que se verán beneficiados por estas medidas (los 1.300 millones que hablábamos al principio de este post) y que, presumiblemente, deberían suponer un incremento en las ventas de muchos negocios online.

En mi opinión, como suele ocurrir, este último será el verdadero motor del cambio. Si las empresas no ven un retorno económico de la inversión para mejorar el acceso a sus servicios a ese 16% de usuarios con discapacidad, el cambio será complicado.

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